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Una explosión en un oleoducto en México, que ha dejado 85 muertos y 66 heridos, renovó la atención sobre la estrategia del presidente del país para detener el robo de gasolina, mientras que familiares de las víctimas dijeron que la escasez del líquido fue lo que los llevó a arriesgar sus vidas.
El viernes pasado en la noche, el ducto Tula-Tuxpan sufrió una perforación ilegal. Según las autoridades, alrededor de 800 personas llegaron a la zona para llenar con gasolina vasijas y galones de plástico tras la fuga, pero horas después derivó en una mortal explosión.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó ayer que 79 personas habían muerto por el incidente y que otras 66 permanecían hospitalizadas, muchas de ellas con quemaduras graves.
Varios pobladores del municipio Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo, dijeron que sus familiares habían estado batallando para encontrar combustible y acudieron allí porque estaban desesperados por llenar los tanques de sus vehículos.
“Vinieron muchas personas inocentes, tal vez su carro no tenía suficiente gasolina, y dijeron que solo tomarían unos pocos litros”, dijo ayer el agricultor Isidoro Velasco, de 51 años, que esperaba noticias de su sobrino.
A finales del mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una ofensiva contra el robo de gasolina, que significó pérdidas por unos 3.000 millones de dólares en 2017 para la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El plan, que consiste en el cierre de estos ductos para evitar que sean saqueados y hacer la distribución por todo el país a través de camiones cisterna, provocó una escasez generalizada en varios estados del país, incluido Hidalgo.
A pesar del desastre, López Obrador dijo que su decisión de combatir el robo no se había debilitado.
“Que quede claro que no voy a dar ni un paso atrás”, aseguró ayer el mandatario. “Ofrezco nada más a la gente disculpas si esta acción causa sacrificios, daños, molestias, pero lo tenemos que hacer”, agregó.
López Obrador dijo que esperaba que el suministro se normalizara la próxima semana en todo el país, a medida que México compra más camiones cisterna para la distribución por carretera.
La mayoría de las estaciones de servicio en Tlahuelilpan operaban normalmente ayer después de permanecer cerradas el sábado pasado tras el letal estallido.
Pero la perforación y extracción de gasolina hecha de manera ilegal, que no es una actividad nueva, incrementa las posibilidades de una catástrofe como la ocurrida en Hidalgo.
“Ahora suben dos elementos nuevos a la discusión pública. Uno de ellos, que no se había tratado, es el riesgo que tienen las personas que hacen este tipo de actividades ilegales, así como las implicaciones ambientales”, dijo el director nacional de Energía e Ingeniería Civil de la Universidad del Valle de México, Gerardo de Alba Mora.
“Se había hablado mucho de las implicaciones económicas de este robo de gasolina y de la incomodidad ciudadana, sin tener en cuenta los peligros de esta modalidad”, explica Alba Mora.
Las encuestas muestran que la medida ha gozado, hasta ahora, de un amplio apoyo popular, a pesar de las dificultades y las largas filas en las estaciones de servicio.
Sin embargo, el desastre en Tlahuelilpan generó un renovado escrutinio sobre la estrategia. López Obrador ha enfrentado repetidas preguntas sobre la tragedia, exigiéndole que explique por qué los soldados desplegados para proteger el ducto no alejaron a las víctimas y la rapidez con que fue cortado el suministro después de que Pemex detectó la fuga.
El director general de la petrolera estatal, Octavio Romero, dijo el sábado que se había cerrado una válvula en la tubería tras notarse una caída en la presión por la fuga. Sin embargo, el combustible siguió brotando antes de que explotara, sin pérdida visible de presión.
López Obrador dijo que la fiscalía general investigará si la válvula fue cerrada a tiempo. Incluso si fue cerrada a tiempo, el equivalente a 10.000 barriles de gasolina de alto octanaje se encontraba en el tramo de la tubería entre la refinería de Tula y la escena de la explosión.
Por su parte, el secretario de Defensa y López Obrador dijeron que solo había 25 soldados en el lugar y que el Ejército no quería reprimir a la multitud.
Los críticos dicen que las autoridades deberían haber sido más firmes en controlar a la gente y sellar el área, y deberían haber pedido refuerzos.
“Parte de la culpa es de la gente (en la tubería rota), pero la culpa mayor es de las autoridades que los dejaron (robar el combustible) sabiendo que era peligroso”, dijo el agricultor Velasco.
Según López Obrador, los soldados advirtieron a los pobladores que no se acercaran demasiado, pero la multitud no era consciente del peligro potencial. “Hicieron lo correcto, lo que tenían que haber hecho en una situación como la que se presentó, pero no había una conciencia del riesgo que esto implicaba”, concluyó.
