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Aunque las cifras sobre las víctimas no logran poderse de acuerdo, la realidad es que en Nicaragua se vive una crisis política y social latente. Mientras el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) apunta a 38 muertos, otros como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) cuenta 68. El dolor, sin embargo, parece motivar más a los estudiantes y ciudadanos del país para seguir luchando contra el régimen del actual presidente, Daniel Ortega, quien se ha mantenido 11 años en el poder tras diferentes escándalos de corrupción, nepotismo y concentración de poder.
Las personas ya no creen cuando les prometen diálogo y garantías para llegar a un acuerdo. Lo que empezó el pasado 18 de abril parece haber destapado una serie de problemáticas que se habían acumulado a través del tiempo. La violencia parece haberse concentrado en las universidades, donde las protestas parecen haber alcanzado su máxima fuerza. Y es que la ira de los estudiantes parece que no cesará fácilmente, pues ellos mismos aseguran que desde hacía mucho no se veía un movimiento social de tal magnitud en el país.
Laura Martínez, una ciudadana que ha participado en las manifestaciones, le aseguró a este diario: “El jueves 19 de abril la policía nacional llegó a irrumpir a los recintos por dentro y fuera de la Universidad Nacional Agraria y la de Ingeniería. Fue un combate con armas el que llegó a proponer la policía, bombas lacrimógenas y disparos certeros a la cabeza, a la frente, al pecho y a los ojos de los estudiantes”.
Las decisiones del Gobierno han perdido credibilidad. Ayer mismo, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, Gustavo Porras, anuncio que la junta directiva del ente legislativo creará una Comisión de la Verdad tras las protestas. Según el dirigente, su objetivo será «conocer, analizar y esclarecer» la verdad sobre los enfrentamientos. “Esta es la resolución para proceder ya, en forma presta, rápida para conformar la Comisión de la Verdad», indicó. La decisión, sin embargo, es vista con suspicacia por la población.
La lucha por tumbar las modificaciones que se le querían hacer al régimen pensional del país terminó agrandando el objetivo de los manifestantes. “El presidente ha criminalizado a los estudiantes muertos, ha dicho que son pandilleros y que simplemente entre ellos se está creando el caos para desestabilizar al gobierno. Hoy la protesta es por un cambio de rumbo político en este país, la gente, ya no solo los estudiantes sino la gente de diversos sectores está pidiendo un gobierno de transición para tener elecciones libres y poder al fin democratizar el ambiente político en el país”, aseguró Martínez.
Otra de las denuncias que manejan los manifestantes es, para Martínez, que “los estudiantes están cansados de que este país sea gobernado porlos mismos dirigentes desde hace 40 años, las políticas públicas no han cambiado, al contrario, han promovido el enriquecimiento ilícito de cada funcionario que está en un puesto público, los estudiantes no tenemos empleo, no tenemos acceso a mejores oportunidades”.
En el exterior hay una comunidad importante de nicaragüenses que miran con detenimiento y preocupación lo que está ocurriendo en su país. Yaoska Bautista, una estudiante que vive en Europa desde hace algún tiempo afirmó a El Espectador: “Hay un sentimiento de incertidumbre constante. Cada día estamos a la espera de nuevas decisiones y lo que comenzó como unas protestas pacíficas en forma de rechazo al decreto en la Seguridad Social, se ha transformado en represión e incertidumbre. Muertes de universitarios y un periodista, censura mediática, violencia de estado, médicos presos por atender estudiantes universitarios y periodistas son algunas de las más claras y violentas respuestas que ha dado el gobierno que lleva más de 11 años en el poder en Nicaragua”.
Mientras tanto, diferentes organizaciones han condenado los hechos. Una de ellas fue Human Rights Watch, quien solicitó a Ortega que permita que la Corte Interamericana de Derechos Humano ingrese al país para realizar las investigaciones correspondientes. Tanto Estados Unidos como la ONU también condenaron la violencia en Nicaragua y el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades.
La situación es crítica y la tensión está latente, pues ninguna de las partes parece querer ceder. A falta de la confirmación de diálogo, gran parte de los nicaragüenses exigen la dimisión de Ortega para tener la libertad de empezar un nuevo camino.
