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La Asamblea Nacional venezolana votó ayer a favor de permitir el comienzo de un juicio contra el presidente Nicolás Maduro por “corrupción propia y legitimación de capitales” por su relación con la empresa Odebrecht.
El proceso comenzó a partir de denuncias hechas por la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien aseguró tener pruebas de contrataciones fraudulentas y pagos de coimas entre el mandatario y la gigante brasileña ante 13 magistrados venezolanos actualmente en el exilio.
Justamente esa porción del TSJ sesionó en Bogotá la semana pasada y decidió que hay “mérito suficiente” para enjuiciar al mandatario y así remitió al parlamento la solicitud de permitir el proceso, tal como exige la Constitución venezolana. Este, al aprobar la solicitud, da luz verde a esos magistrados a abrir formalmente el juicio.
Minutos después de que la Asamblea Nacional acordó “que existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros”, la fiscal Ortega publicó un mensaje en las redes sociales exhortando a los militares de la Fuerza Armada venezolana a acatar la decisión y “proceder a la captura del hasta hoy Presidente constitucional (…), los oficiales de todos los rangos deben actuar. Si no son ustedes, serán los organismos internacionales los que ejecutarán esta decisión. Nicolás Maduro ya no es presidente, desde hoy está en Miraflores de manera ilegal y arbitraria. La comunidad internacional deberá desconocer la autoridad de Maduro, quien se erige como un secuestrador del pueblo y de la nación, un dictador”.
Pero en la Venezuela “revolucionaria”, el control que el régimen de Maduro ejerce sobre las instituciones del Estado es tal que no se espera alguna reacción concreta,militar o civil, que desemboque en el apresamiento del mandatario.
El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, afirmó que el proceso era nulo pues el gobierno venezolano desconoce la legitimidad de los 13 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional el año pasado.
La misma oposición venezolana representada en la Asamblea Nacional reconoció, al votar a favor del juicio, que este no se llevaría a cabo. Sin embargo, el Legislativo considera que esta aprobación puede limitar políticamente al mandatario aún más ante la comunidad internacional y abrir el camino a la investigación por corrupción del alto gobierno por el caso Odebrecht.
La votación unánime a favor de enjuiciar a Maduro es el último lance unitario de la oposición venezolana, que hace poco dio nuevas muestras de división interna al crearse una nueva fracción parlamentaria de 16 diputados que están a favor del llamado a elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo y contra el boicot electoral que promueve lo que queda de la Mesa de la Unidad Democrática.
