Presidente del Tribunal Supremo y siete magistrados fueron incluidos en la llamada ‘lista Clinton’.
Estados Unidos impuso el jueves sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y otros siete jueces por «usurpar la autoridad» de la Asamblea Nacional.
Las sanciones incluyen, además de a Moreno, a la cabeza del Supremo desde febrero, a los jueces de la Sala Constitucional Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.
De esa manera el Departamento del Tesoro de EE. UU. congelará fondos bajo su jurisdicción a Moreno y a los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, responsables de haber asumido las funciones de la Asamblea Nacional a finales de marzo, lo que desencadenó las actuales protestas que azotan al país.
¿Pero qué significa esto y que alcances tiene?
Básicamente que los bienes, si los tienen, en Estados Unidos no los podrán utilizar pues quedan bajo la jurisdicción de la Justicia, aunque la medida podría en futuro ser levantada, como en efecto ha sucedido con algunas empresas y personas tras largos y costosos procesos ante los tribunales.
Así mismo, y aunque ellos no tengan bienes en Estados Unidos, sus cuentas bancarias en Venezuela podrían ser canceladas o incluso confiscadas en razón a que si los bancos en las que las tienen abiertas tienen alguna relación comercial o financiera con entidades estadounidenses, esos bancos venezolanos o de EE. UU. también podrían ser sancionados por el Departamento del Tesoro.
En un mundo financiero tan globalizado en el que se mueven los países, hoy es difícil que un banco de cualquier país no tenga relación con entidades similares en Estados Unidos o que tengan vínculos con ese país.
Esto quiere decir que podría ser muy probable, como lo es con los que están en esa lista, que los dineros que reciben en el futuro tendrían que ser manejados en efectivo, con las desventajas y riesgos que ello significa.
Todos ellos también tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos, según indicaron fuentes del Gobierno estadounidense.
“Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo», indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
«Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y promover un gobierno democrático en el país», añadió Mnuchin, bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impone las sanciones económicas.
También el vicepresidente
Esta es la segunda vez que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impone sanciones a altos cargos del Gobierno de Maduro, después de que en febrero pasado decretara sanciones al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por su relación con el narcotráfico.
Esa es, hasta la fecha, la sanción financiera al más alto cargo del Ejecutivo venezolano, mientras que el anuncio de hoy afecta a la cúpula del poder Judicial, ambos poderes controlados por el chavismo, que han obstaculizado la labor de Legislativo, controlado por la oposición desde las elecciones de enero de 2016.
«La separación de poderes (en Venezuela) es un chiste», indicó un funcionario estadounidense, que pidió que el Gobierno venezolano libere a los presos políticos y «devuelva al control al pueblo».
Los funcionarios estadounidenses aseguraron que la intención de las sanciones es corregir el comportamiento de los sancionados y confió en que se dé un cambio de comportamiento, pese a que el Gobierno de Maduro y sus instituciones afines no han dado muestras de ceder ante las protestas.
Redacción Internacional con Efe