Según confirmaron hoy a Efe fuentes de su equipo legal, el Tribunal de Barlavento, en la isla septentrional de San Vicente, dio permiso, según una notificación fechada el pasado martes a los abogados del empresario, detenido en este país insular de África occidental desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos.
Sin embargo, aún no hay fecha para el traslado de Saab desde la también norteña isla Sal, en la que cumple un régimen de arresto domiciliario, a una residencia en la sureña isla de Santiago, donde se encuentra Praia.
«Esto se está discutiendo con las autoridades locales y se espera que sea lo antes posible. Hay importantes problemas logísticos que deben finalizarse, sin embargo, esperamos que se resuelvan rápidamente», aclararon las citadas fuentes.
«Después de 448 días sin acceso a la atención médica especializada que Álex Saab debe tener, su salud se ha deteriorado significativamente», explicaron las fuentes, al precisar que sufre «cáncer, diabetes, hipertensión y problemas relacionados con el corazón».
«Praia, al ser la capital, tiene una gama más amplia de especializaciones, pero incluso estas no alcanzan lo que se requiere. La primera prioridad de Álex Saab es poder traer a Cabo Verde a expertos médicos que sean competentes para tratar temas oncológicos», indicaron.
«Temor real a un daño irreparable»
El pasado 2 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque de países al que pertenece Cabo Verde, dictaminó que se le debía conceder acceso, sin restricciones, a médicos especialistas de su elección, pese a las reticencias iniciales de las autoridades caboverdianas.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ordenó el pasado junio que se concediera a Saab acceso sin restricciones a atención médica especializada y que se detuviera cualquier extradición a Estados Unidos.
«Se podría decir que es mejor tarde que nunca, pero como han indicado los informes médicos recientes, existe un temor real de que se haya causado un daño irreparable a Álex Saab por este retraso», agregaron las fuentes.
El supuesto testaferro, de 49 años, está a la espera de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, máxima instancia judicial del país, se pronuncie sobre su extradición en respuesta a los recursos presentados por la presunta «inconstitucionalidad» de su detención.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal, respondiendo así a una petición de EE.UU. cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Tras su detención, Venezuela subrayó que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El nombre del empresario apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según EE.UU., el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».